Durante las discusiones parlamentarias, hubo cambios en la normativa que lograron pasar de cinco a 10 las licenciatarias que podrán participar como empresas o bajo la modalidad de unidad de empresa transitoria (UTE), los plazos se disminuyeron de 20 a 15 años y las sanciones y multas posibles fueron elevadas.
Dentro de la normativa quedan todas las versiones online de juegos de casino, apuestas deportivas, loterías y las otras actividades “que se definan por vía reglamentaria”, en las que “se arriesguen cantidades de dinero sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sea exclusivamente de suerte o azar”.
La norma establece prohibiciones subjetivas de acceso para menores de edad, personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y accionistas o propietarios de licencias de juego.
En el recuento de votos, la norma obtuvo 46 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Todo el arco opositor rechazó el proyecto, a excepción de los cinco legisladores que lo promovieron.